Democracia en Bolivia

Mapa general de la democracia en Bolivia

Hablar de la democracia en Bolivia es hablar de sus problemas, que a lo largo de la historia ha girado alrededor de una cuestión fundamental, que es de la institucionalización de la política o el fortalecimiento de las instituciones en sí. Pese a que este es un problema muy característico de los países latino americanos, el proceso de democratización del país ha tenido su primera expresión considerable en garantizar el sufragio universal a partir de 1952. Para esta fecha el proyecto “nacional” se empieza a consolidar y la institucionalización del país empieza a cobrar una importancia considerable. El problema es que este proyecto, que garantizaba valores de libertad e igualdad en cuanto a participación y representación, es rápidamente abandonado debido a la larga década de gobiernos militares, que entre todos los elementos que se desmantelaron, la institucionalidad fue de las principales. Así mismo, la construcción de la “ciudadanía” gira en torno al sujeto obrero sindical y sus respectivas demandas, es decir, el ciudadano es una expresión del discurso sindical que se irradia en buena parte de la sociedad civil boliviana.

Es a partir de la recuperación de la democracia que una regresión considerable de la misma se vuelve latente. Por un lado, se tiene unas instituciones desmanteladas en casi su totalidad, donde no existe indicios de una burocracia racional que sea capaz de organizar el Estado de una manera uniforme y acorde al interés general del pueblo. Por otro lado, se tiene una profunda restructuración del sistema político boliviano, donde el sistema electoral aislara a buena parte de los partidos de izquierda capaz de movilizar a sectores populares. También se llevarán a cabo políticas económicas dirigidas a desarticular y destruir el viejo poder sindical que se tenía desde inicios del siglo XX. Esta nueva combinación de políticas tecnocráticas y un pasado militar significativo darán luz a una etapa de democratización. En otras palabras, se mantendrá una democracia “formal” donde ciertas libertades serán garantizadas solo para los sectores que no lleguen a ser potencialmente peligrosos en los intereses de la clase política de ese momento. Este complicado entramado se dará a partir de finales de la década de los 80s y todo los 90s en general, donde la representación estará anclada en una democracia de pacto entre partidos supuestamente opuestos entre sí. Este tipo de acuerdos generan un escepticismo generalizado en la población, además de contribuir al desencanto total hacia la política. Pese a que libertades mínimas eran garantizadas la gente no solo veía a los políticos como espectadores con intereses contrarios a los de los sectores populares y clases medias, sino que de a poco la gente sentía que no existía una fuerza política capaz de atender las demandas centrales como alimento, trabajo y resolver la desigualdad estructural.

Actualmente la clase política que está gobernando Bolivia es respuesta a este largo periodo de democratización del Estado y las instituciones. El proyecto que supuestamente se llevaba a cabo era el de una refundación del Estado, donde se dejen atrás viejas prácticas políticas y se construya un nuevo tipo de burocracia que esté al servicio de las mayorías. Lo cierto es que previo a esto hubo cierto desborde social que pretendía poner sobre la discusión pública temas como socialización de los recursos naturales, respeto a los pueblos indígenas y un cambio profundo de la constitución. El cambio de régimen y la combinación de demandas sociales dio como resultado un nuevo diseño para el Estado, donde el consenso en torno al partido de gobierno fue casi en su totalidad, mayoritario. Analizar la decadencia de la democracia en la actualidad es hacer un paralelismo con este otro escenario de desborde social que acabo de exponer. Pues el Estado se fortalece, pero continúan viejas formas de hacer política, como el prebendalismo, la clientela política y otras formas de corrupción que giran en torno a la cúpula del partido de gobierno. Los conflictos que se irán presentando tendrán en su génesis la pérdida considerable de hegemonía por parte del partido de gobierno, que a través de mecanismos tradicionales del Estado y grupos de presión cooptados por el partido lograrán imponer (ya sin consenso) algunas de sus políticas. Un ejemplo de esto es el avasallamiento a los pueblos indígenas del sector oriental del país, que ahora, por parte del Estado se obvia la soberanía del territorio de estas poblaciones y se opta por el mismo mecanismo que la vieja clase política tenia: la violencia y debilitamiento de las fuerzas de protesta. De igual manera, las voluntades releccionistas del jefe de Estado serán un nuevo foco de tensión con la sociedad civil –específicamente la clase media verá con cierto escepticismo esta relección, así como la restricción a la libertad de expresión de forma continua- que al expresar su rechazo por medio de un referéndum ven que la voluntad individual del presidente está por encima de la voluntad general expresada en las urnas.

Las implicaciones de esto fueron enormes. El partido de gobierno adoptó una posición de pura condescendencia ante los arranques releccionistas de Evo Morales. Luego de la interrupción del sistema electrónico de conteo de votos (TREP) hubo un consenso casi unánime de que las elecciones de octubre de 2019 eran fraudulentas. Tras veinte y uno días de movilización ciudadana por la democracia, se consigue la renuncia del presidente y su inmediato escape a México. Los días posteriores a la renuncia son aún bastante oscuros, incluso la hipótesis de una toma antidemocrática del poder por parte de la senadora Jeanine Añez es bastante plausible. Este gobierno transitorio entre con muy poca legitimidad por parte de los sectores populares y una gran parte del país. Los meses que Añez sostuvo el poder pueden retratarse como la etapa de mayor represión, violencia estatal y devaluación de la vida democrática. Las masacres de Senkata y Sacaba son un ejemplo claro de la involución democrática por parte del Estado boliviano. Las elecciones de octubre de 2020 darán finalmente la victoria al sucesor de Evo Morales, su ex ministro de economía, Luis Arce Catacora.

La democracia en Bolivia está hoy en día amenazada por una cúpula partidaria que considera que el pueblo son ellos y que sus decisiones son las correctas porque gozan de una considerable legitimidad. Lo cierto es que, a veces, la nueva partidocracia concentra su capital político en una desesperada maniobra por mantener sus cuotas de poder, así como sostener la estabilidad económica por, sobre todo. En su lógica partidaria no importa el obviar un par de libertades o arrasar la soberanía de los pueblos indígenas (soberanía garantizada por la constitución) con tal de mantener el crecimiento y el empuje económico. Es evidente que cada día Bolivia avanza hacia una ‘’democracia militante’’, o, en otras palabras, el país se dirige a una fachada democrática donde se garantiza un mínimo institucional, pero con una tendencia hacia la restricción de la pluralidad de todo tipo y al enfrentamiento entre civiles. Al día de hoy, es moneda común la falta de instituciones que coadyuven en la solución de los conflictos entre facciones. La violencia y la provocación discursiva son platos de todos los días para la ciudadanía boliviana. El elemento más formal e institucional de la democracia nunca ha peligrado tanto como hoy.

Fuente: Diego Otero

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