Las teorías de Luis Tapia y Álvaro García Linera
Ciudadanía Multisocietal en Luis Tapia
Tapia piensa a la ciudadanía en una forma dinámica, como un proceso de síntesis histórica. El trata de problematizar el concepto como la condensación de luchas y derechos que fueron proyectados históricamente. Este es el punto de partida de su análisis.
El autor inicia polemizando con el esquema de la ciudadanía en Bolivia de T.H. Marshall, afirmando que en Bolivia no existieron derechos políticos que precedían a los derechos sociales, sino derechos políticos conquistados por la ampliación en los controles materiales de la vida, a decir: la nacionalización de los recursos naturales para la democratización política y la conquista de derechos dentro del Estado. Estas prácticas históricas son los primeros advenimientos de la “nación” entendida no desde una matriz cultural identitaria, sino más bien, desde la democratización soberana de los recursos naturales.
Lo novedoso del enfoque de Tapia es pensar la “nación” como horizonte de expansión y conquista de derechos. Para problematizar la nación realiza un análisis de “la condición multisocietal”, entendida esta como la confluencia de múltiples civilizaciones en un solo territorio. Cada civilización posee una concepción particular del tiempo, del espacio, de la organización económica y de la política en general. En este sentido, Tapia quiere entender la nación como un proyecto colectivo en reacción y defensa de lo “común” (nuevamente la defensa de los recursos naturales). La defensa de los recursos naturales es una forma de imaginar, irradiar e institucionalizar derechos y democratizar a la sociedad civil. En otras palabras, en esta definición de nación, lo nacional funciona como un núcleo irradiador por donde las distintas matrices civilizatorias confluyen.
El proyecto multicultural de ciudadanía gira en torno a una igualación de criterios y núcleos normativos que rigen la construcción de derechos de una comunidad. El cometido de Tapia es problematizar en contra de una concepción monocultural de derechos que se encuentra recogida en las estructuras del Estado republicano y dentro de la declaración universal de derechos humanos. Con esto pretende romper con el reconocimiento jurídico/institucional de otras matrices civilizatorias, desde la historia y cultura de la civilización dominante. Para ello adapta el concepto de “comunidad de derechos” entendida como los fines y valores compartidos entre múltiples matrices civilizatorias de un mismo territorio. La normativa debe ampliarse y actualizarse a modo que las costumbres e historias confluyan en un escenario multicultural en convivencia por un núcleo común que las una. El autor enfatiza la ausencia de este núcleo común en momentos de institucionalización de la comunidad de derechos. Al no poderse solucionar este problema político, se utiliza la comunidad de derechos vigente en la declaración universal de derechos humanos.
Tapia fundamenta lo anterior desde la “transcrítica” entendida como un arduo proceso de conocimiento de otras matrices culturales, donde no se valorice los criterios de uno ni de otro. Nuevamente aquí piensa la igualación negando el reconocimiento al individuo e intenta pensar el reconocimiento desde la matriz cultural de cada sociedad. Intenta pensar la ciudadanía desde el autogobierno de otras civilizaciones que no son las dominantes.
Su reflexión comienza a cuestionar el contenido de la ciudadanía en Bolivia, viéndolo como un entramado entre Estado y pertenencia en condiciones multisocietales. Lo que hace es reconocer la matriz comunitaria y liberal como formas muy distintas de entender los derechos y deberes. Seguidamente enfatiza que en el Estado republicano hay una supeditación de los derechos y deberes de una matriz civilizatoria sobre otra. Su solución será pensar la ciudadanía como cogobierno multicultural, es decir igualdad política e igualdad de derechos. Con esto se refiere a una colectivización de la tierra y el conjunto de los recursos naturales, es decir, tener un derecho a la propiedad colectiva en el territorio y en los recursos del país. Esto implica un acceso a la propiedad común intercultural por usufructo y contribución a los bienes sociales. Para que este derecho de propiedad colectiva se respete de deben establecer vetos de dos tipos: El de cada pueblo sobre las decisiones que el resto del país tomaría y que podrían inmiscuir al territorio y población particular, y a la inversa en el caso de que un pueblo tome una decisión que afecte al resto de los pueblos o a la nación en particular.
Finalmente, su proyecto de ciudadanía multicultural tiene como objetivo cambiar al gobierno en su totalidad. Primeramente, sugiere ciertos cambios en el ejecutivo, estos cambios implican un cambio a un ejecutivo colegiado/colectivo que incluya a diferentes culturas que, según plazos de tiempos establecidos, haya una rotación de los cargos. A continuación, considera fundamental el plantear nuevos criterios de representación no electorales. Los nuevos criterios consistirían en ir escalando de lo micro a lo macro, en otras palabras, que la responsabilidad y los resultados de una gestión en una junta vecinal, por ejemplo, sirva como criterio meritocrático para el ascenso a una instancia mayor del Estado. Esto iría enlazado a un criterio de rotación en absolutamente todos los cargos para evitar la perpetuación y oligarquización de la elite de turno. De esta manera, el ciudadano ya no es visto como competidor, sino como un cogobernante. En cuanto al legislativo se haría una selección aleatoria de las representaciones legislativas y judiciales combinado con el criterio meritocrático micro/macro explicado anteriormente. En este nuevo diseño del Estado todos los cargos se ocupan por una sola vez y el monitoreo de este último criterio debería ser tarea exclusiva de la corte electoral.
Ciudadanía multicultural/multinacional en Álvaro García Linera
Álvaro García Linera hace un análisis de la ciudadanía en Bolivia desde una postura sociológica que pretende criticar las estructuras simbólicas que permiten el acceso al espacio público en Bolivia. En su entender, el ser ciudadano no solo se reduce al reconocimiento institucional o jurídico, sino que también hay un componente con las formas por las que se accede al espacio público. Según el, Bolivia está atravesada por estructuras simbólicas que se fueron construyendo en forma de “capital étnico”, restringiendo así, el acceso a una variedad de actores sociales al espacio público. Los tipos de exclusión se dan por la construcción de la “blanquitud” como capital,
en oposición a lo indígena, lo plebeyo, lo popular. Así es como se configura ciudadanías jerarquizadas por una restricción al participar en los espacios de deliberación, discusión, etc.
Para el autor el acceso al espacio público es un problema central, pero que no puede reducirse a una asignación o lucha por reconocimiento de derechos civiles. El trata de pensarlo más desde la transversalidad del capital étnico en todo el cuerpo social. Esta contradicción resulta el problema estructural de la sociedad boliviana.
La distribución y capitalización simbólica de la “blanquitud” y los distintos capitales étnicos son representados en el Estado y el conjunto de la sociedad. Históricamente el Estado ha ido mutando e incorporando mayores derechos y reconocimientos (derechos sociales, participación popular, etc.) en gran medida por las movilizaciones sociales de mitad y finales del siglo XX. Sin embargo, persisten sus raíces coloniales que incluye un conjunto de prácticas que excluyen a todo lo que no esté dentro de la matriz monocultural y monolingüe del Estado. El autor caracteriza al Estado como una identidad excluyente que no es expresión o síntesis de la sociedad.
Basado en una interpretación de Zavaleta sobre los múltiples regímenes civilizatorios en Bolivia, García Linera plantea una reforma institucional del Estado. Su proyecto es el de un Estado multinacional/multicivilizatorio donde se establezca una “ciudadanía diferenciada “que permita el desarrollo y consolidación de Estados autónomos dentro del Estado multinacional. Lo que pretende con esto, es consolidar el autogobierno de los distintos regímenes civilizatorios dentro del territorio boliviano. Así mismo, plantea la posibilidad de una autonomía especial Aymara en concordancia con una reforma de la burocracia del Estado. Las autonomías y el Estado Boliviano podrían entenderse de acuerdo a los principios de una “democracia consociacional” para la convergencia y armonía de las nuevas entidades descentralizadas.
Finalmente, García Linera incorpora las prácticas comunitarias al Estado, a las instituciones representativas y a la burocracia en general. En base a estas reformas de amplio alcance, el autor pretende democratizar el acceso al espacio público y desmonopolizar al capital étnico en sus componentes de exclusión racial/clasista. En este sentido, las reformas del Estado irían acompañadas de una obligatoriedad en el aprendizaje de un idioma autóctono si es que se quiere ingresar a la burocracia estatal.
Fuente: Diego Otero / la ciudadanía en Bolivia